¿Quieres vender tu vivienda? Deberás entonces recopilar un conjunto de documentos y uno de ellos es el certificado de eficiencia energética. Lo cierto es que la legislación al respecto se ha modificado con el paso del tiempo y hoy vamos a analizar en qué consiste y cómo éste puede ayudarte a revalorizar tu patrimonio. ¡Así como a poner tu granito de arena en el cuidado del medio ambiente!
Si tuviéramos que resumir la utilidad de este certificado es la de servir de indicador de la cuantía de energía que requiere un inmueble. Al mismo tiempo, también notifica su nivel de eficiencia energética, el cual se podría traducir en un ahorro económico.
Por lo tanto, puede ser una información que condicione la posterior toma de decisiones del comprador a la hora de escoger una vivienda u otra. Como ves, se trata de un dato útil, tanto para los compradores para hacerse una idea del estado del edificio como para los vendedores para demostrar su correcta optimización energética. No obstante, muchos vendedores se preguntan si es realmente un certificado de cumplimiento obligado o si simplemente es una recomendación.
Ayuda en procesos como la gestión de impuestos sobre la vivienda en Gran Canaria, un campo en el que, lo primero que debes saber es que no es lo mismo comprar un inmueble de primera mano que uno de segunda. Veamos más exhaustivamente esta realidad:

¿Es obligatorio acreditar el certificado de eficiencia energética?
“El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, establece desde junio de 2013 que los propietarios […] deben disponer del Certificado de Eficiencia Energética tanto para la venta o para el alquiler de los mismos. Este certificado debe inscribirse en el Registro habilitado al efecto en cada Comunidad Autónoma”
La finalidad, según las entidades organizativas, es la de fomentar la eficiencia energética de las edificaciones y, en consecuencia, exige a los Estados miembro que se configuren mecanismos de control independientes que puedan corroborar y supervisar que ello suceda. De hecho, la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas establece multas si el propietario no incluye esta información en el anuncio del piso. Según el portal pisos.com, un piso en venta o alquiler sin certificación energética puede llegar a sancionarse con hasta 6.000 euros. “En la realización del certificado se tardan entre 2 y 3 días”, añade dicho artículo, “una vez está registrado el informe, se consigue la etiqueta energética que corresponde a la vivienda”.
¿Cómo se interpreta?
El Certificado de Eficiencia Energética califica la eficiencia de un edificio en cuestión especificando una letra desde la ‘A’ (para los más eficientes), a la ‘G’ (los que menos). Asimismo, dicho documento debe concretar recomendaciones de mejora. La letra otorgada es el resultado del cálculo realizado por un técnico competente.
Estos cálculos valoran el consumo de energía necesario para satisfacer la demanda del edificio en condiciones normales de funcionamientomo.
¿Qué consecuencias, además del ahorro económico, trae el certificado?
Sin duda, esta realidad no solo garantiza la responsabilidad con el medio ambiente y el consumo, sino que también ayuda en la comparación entre inmuebles para los interesados. De este modo, se promocionarían más favorablemente aquellos que inviertan en la optimización energética de sus edificios. Como es evidente, las viviendas tipificadas con la calificación A atraen a más compradores al considerarse más novedosas, innovadoras y económicas en el largo plazo.
¿Cuál es el precio medio de la gestión?
El precio del certificado variará según el técnico que se encargue d de acuerdo al técnico escogido, así como de otras variables como el tamaño o la ubicación de la vivienda. Según el comparador Help My Cash, por un piso ubicado en Barcelona, de unos 73 metros cuadrados, se puede pagar entre unos 80 euros y 150 euros por el trámite. No olvidemos que para registrar el certificado también debemos pagar ciertas tasas administrativas, aunque en la mayoría de los casos su coste está incluido en los honorarios del contratado.
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